La judicialización de la educación

17 Feb La judicialización de la educación

«Ahora bien, la ley humana está hecha para la masa, en la que la mayor parte son hombres imperfectos en la virtud. Y por eso la ley no prohíbe todos aquellos vicios de los que se abstienen los virtuosos, sino sólo los más graves, aquellos de los que puede abstenerse la mayoría.»

Santo Tomás de Aquino — Suma Teológica I-II, q. 96 a. 2.

La familia y el colegio —o, mejor dicho, el colegio y la familia— son los entornos donde un niño pasa la mayor parte de su vida. El concepto de libertad de educación es muy discutible (como todo sintagma político encabezado por «libertad»), pero se supone que gracias a ella cabe esperar un mínimo de afinidad entre una familia y el colegio que escoge, o al menos una razonablemente amplia parcela de sentido común compartida.

Sin embargo, igual que lo didáctico se ve emponzoñado por la burocratización, en los aspectos de convivencia puede ocurrir con la judicialización. A mí, que llevo dos días en la educación, me resulta impresionante y elefantiásica la maraña legislativa (que si trámite de audiencias, dobles sanciones, recursos, e incluso analizar sintáctica y semánticamente leyes redactadas con vaguedad) y el torpe vaivén de instancias educativas que se puede montar cuando un alumno es sancionado y los padres no aceptan dicha sanción. Es penoso observar cómo una mala conducta no aceptada por unos padres sobreprotectores obliga al colegio a hacer contorsionismos para poder, a fin de cuentas, educar. En esa dialéctica familia-colegio el niño se posicionará contra el colegio, que pasará a ser el enemigo común en vez del sitio donde, con la colaboración de su familia, es educado. La autoridad (o, si prefieren, credibilidad) del profesor se impugnará desde el peor sitio: desde casa. ¡Y qué sería de los profesores sin la fe de sus alumnos!

He aquí un síntoma del desencuentro moral de la sociedad. Es llamativo en todo esto ver cómo con relativa frecuencia se desarrollan pleitos (a pequeña escala, pero pleitos al fin y al cabo) para disputar asuntos donde bastaría el sentido común para ser resueltos. La familia, el profesor y el alumno se convierten en una especie de leguleyos sofistas que recurren a la legislación porque carecen de un sustrato moral común mínimo para entenderse. «No tienes derecho a quitármelo», me dijo un alumno al confiscarle… ¡un paquete de tabaco! «No puedes castigarme sin recreo porque tengo derecho al descanso», y vas a la ley y, ¡coño!, resulta que más o menos es verdad. Ya manda narices que un niño pueda espetar eso a un profesor, pero a partir de ahí el profesor (entiéndase el colegio con su reglamento) busca el recoveco, el claroscuro: que tenga el recreo a otra hora que sus compañeros, que esté en el patio pero en una zona limitada… Pero ya están pensando en términos legislativos antes que pedagógicos o morales para cubrirse las espaldas. Y esto es peccata minuta. ¿Se entiende dónde quiero llegar?

Me consta que hay tiktokers que se dedican a difundir este tipo de información legal a los adolescentes para refinar la manera en que se indisciplinan. No crean que los tiktokers adiestran a los chavales en mejorar las habilidades retóricas para eludir un castigo, sino en el cherry picking de las leyes educativas. Pero es el contenido que cabe esperar en una red social que usan adultos deficientes y adolescentes. En derecho penal existe el llamado principio de intervención mínima; pues bien, análogamente, recurrir a los rompecabezas legales en educación es síntoma del fracaso de no poder resolverlo civilmente en los términos éticos que cabría que compartieran los miembros de una sociedad.

La indisciplina del alumnado es un gaje del oficio con el que hay que lidiar y, dentro de ciertos límites, alberga incluso una cierta belleza. Ya san Agustín confesaba que emigró de Cartago a Roma no por dinero ni prestigio, sino porque oía decir que allí los alumnos eran más respetuosos. «Los hábitos que no quería que fuesen míos al estudiar, me veía obligado a soportarlos en los demás al enseñar», decía; y fíjense que es exactamente lo contrario de lo que preconizan los ridículos, estafantes, corruptos y prohibitivos másteres de enseñanza: que el buen ambiente de clase es un objetivo del profesor y no un punto de partida del alumno. (Ya vendrá el listillo de turno a decir que no es blanco o negro). Sí, la rebeldía es intrínseca al adolescente, pero lo que tal vez no siempre haya sido constitutivo de la sociedad es que también los adultos desafíen al profesor a través de la legislación. «Son pocos casos», me dirán. ¡Evidentemente! Pero es en estos conflictos donde nos es posible ver en favor de quién fallan las familias. Cada vez me suenan más cínicas las arengas de los padres defendiendo la autoridad del profesor, sobre todo si sus hijos no les han puesto a prueba. Es, si me permiten la boutade, como un feo presumiendo de castidad.

¿Es esto culpa de la ley? ¿Es culpa de las familias? ¿Es culpa de un uso capcioso de las leyes educativas? ¿Debería haber una legislación educativa menos garantista? Porque estos potenciales desencuentros entre las familias y los colegios abren la espinosa cuestión de quién tiene la última palabra en la educación de los hijos; y, sinceramente, yo no lo tengo muy claro. Sí, la familia es el último reducto frente a la intromisión del Estado y entidades supranacionales públicas y privadas, pero suponer que todas las familias eduquen en ciertas virtudes también es mucho suponer. Una cuestión que en cierto modo es un falso debate, porque la última palabra sobre los niños la tendrá la realidad: la realidad que les recibirá cuando salgan del colegio. Así salgan educados así los recibirá el mundo.